César Barrera Vázquez
Si tiene plumas, es palmípedo, tiene cuello corto, pico aplanado y ancho con láminas córneas en los bordes y, además, emite el sonido onomatopéyico “cuac, cuac”, podemos inferir que estamos ante un pato, pues son precisamente esas cualidades las que lo distinguen de la gallina, el pavo u otra especia de ave.
Así, siguiendo ese mismo proceso lógico de observación también podemos identificar si el dinosaurio autoritario del viejo PRI, ese que irrumpe como una pesadilla en el plácido sueño de nuestra democracia, está ahí después de que despertamos, más amenazante que nunca para acabar con lo que comenzó cuando se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), hace más de tres décadas.
En vista de que es mejor vivir en un país donde el ciudadano tiene manera de defender sus libertades y derechos, como en una democracia, luego entonces cuidemos no fallarle a nuestra incipiente democracia mexicana y sus instituciones, en particular aquellas que se crearon gracias a las exigencias de la ciudadanía organizada y que garantizan nuestros derechos (INE, INAI, COFECE, CONEVAL e INEGI, entre otras más).
Por lo tanto, teniendo como prioridad nuestra democracia, no votemos por esos partidos o candidatos que, al igual que el símil del pato, se parecen al dinosaurio del autoritarismo, el cual reinó en una etapa antagónica, incompatible con nuestros nuevos ideales democráticos y de derechos humanos.
En ese sentido, ¿queremos una presidenta que respete la ley, la división de poderes, que fortalezca nuestros organismos autónomos constitucionales –cuyo trabajo es clave para garantizar derechos como el voto, la transparencia, la libre competencia, las comunicaciones digitales—o, por otro lado, una presidenta que avance en sentido contrario a estos derechos y que busque regresar a ese esquema anacrónico del presidencialismo imperial y el partido hegemónico?
Yo como ciudadano, quiero un gobierno que responda a los intereses de la ciudadanía y que garantice los derechos humanos al acceso a la información para que nuestras autoridades rindan cuentas y al voto libre y efectivo para determinar el rumbo de mi país, siempre dentro de un marco democrático.
De ahí que lo contrario este beneficio al ciudadano sería un gobierno donde el poder lo concentra una persona, donde los tribunales están supeditados servilmente al interés de la autoridad–en detrimento de los derechos de la y el ciudadano- y donde impone su voluntad moral por encima de nuestra constitución, incluso por encima de los derechos humanos.
Por eso el presidente se enfrenta y despotrica contra el poder judicial, pues es a través del amparo como este poder le dice que su actuar no está sujeto a la constitución y que viola derechos humanos: el Tren Maya afecta el artículo 4 constitución y 22, primer párrafo, los cuales consagran el derecho a vivir en medio ambiente sano y la sustentabilidad en el desarrollo. Son parte de los contrapesos constitucionales para evitar que el poder se concentre en una sola persona.
¿En Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Afganistán y los otros países en los que López Obrador se identifica puede el ciudadano amparase contra actos arbitrarios de la autoridad? La experiencia también nos demuestra que en esos países son donde más se violan los derechos humanos.
Por lo tanto, si sabemos que la democracia es el menos peor de las formas de gobierno, no le fallemos: que nuestro incipiente sueño de la democracia no termine en pesadilla. Porque, ciertamente, el dinosaurio sigue ahí.
Dos puntos
Nuestra democracia no es perfecta, pero gran parte de sus fallas son por la discrecionalidad con la que todavía opera el poder ejecutivo, cuya forma de tomar decisiones son desde una óptica partidista. De ahí los resultados magros en salud, educación, seguridad y otras áreas que se relacionan con otros derechos de nueva generación, como el derecho al medio ambiente, a una vivienda digna, a la cultura y a tener un trabajo cuyo ingreso permita vivir con dignidad. Por eso son esos indicadores lo que peor evalúa la población, a diferencia de otras instituciones bien evaluadas, como el INEGI, el INE, el INAI, cuyo trabajo es reconocido porque le es útil a la sociedad, en cuanto a la generación de estadística, organización de elecciones y obligar al gobierno que deje la opacidad. Si se quiere optimizar el trabajo del gobierno (federal, estatal o municipal), entonces se tiene que eliminar la discrecionalidad de su actuar partidista para enfocarlo un marco racional que le permita alcanzar metas y objetivos. Es absurdo que el ser humano haya construido una bomba atómica, viajado a la luna, escudriñado con telescopios los más recónditos recovecos del universo y no pueda solucionar problemas más mundanos como los que afectan nuestra sociedad.