- Estos exfuncionarios extendían invitaciones a varios constructores para participar en procesos de licitación, a pesar de ser conscientes de que no cumplían con la totalidad de los requisitos necesarios, lo que sugiere prácticas irregulares en el proceso de adjudicación de obras
- La sanción de inhabilitación, con una duración de un año, fue impuesta al exdirector general de la API, al director de Ingeniería y a la directora de Proyectos
- Más allá de la duración de la inhabilitación, lo trascendental es que esta sentencia demuestra que es posible denunciar y combatir los actos corruptos
Julio Lugo Barriga, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, acompañado del expresidente Carlos Maldonado Orozco, informaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió a favor de esta organización empresarial la denuncia presentada en 2020 contra funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API), ahora ASIPONA, por malas prácticas en la adjudicación de obras.
Maldonado Orozco, quien presentó la denuncia en su momento, detalló que la SFP consideró que existían suficientes elementos para inhabilitar a tres funcionarios de esta dependencia por malas prácticas en la adjudicación de obras, un modus operandi que se replicaba en varios estados del país.
El expresidente recordó que estos funcionarios invitaban a numerosos constructores a los procesos de licitación, a pesar de saber que no cumplían con todos los requisitos. Durante el proceso, descalificaban a los participantes, permitiéndoles declarar la licitación como “desierta” y otorgar la obra por “adjudicación directa”.
La denuncia derivó de una licitación en la que participaron 45 empresas de CMIC Colima y tres en procesos de invitación, todas descalificadas. A pesar de la Ley de Obra Pública, que establece que los funcionarios deben asegurarse de invitar a empresas que cumplan con el perfil, las empresas invitadas no cumplían con los requisitos.
“Designaron las obras a sus amigos de Veracruz, sus amigos de Ciudad de México y algunos del Estado de México”, expresó Maldonado.
Con la comprobación del ilícito, indicó que la inhabilitación fue de un año para el entonces director general de la API, el director de Ingeniería y la directora de Proyectos, impidiéndoles no solo desempeñar empleos y cargos en el servicio público, sino también participar en la adquisición de servicios y obra pública en todo el país, lo que significa que no pueden trabajar para el gobierno ni ser proveedores del gobierno.
Ambos representantes de la CMIC destacaron que más allá del tiempo de inhabilitación, lo fundamental es que esta sentencia demuestra que es posible denunciar actos corruptos. Hicieron una invitación a los integrantes del gremio de la construcción a no darse por vencidos y a proceder según lo marca la ley en casos como este, asegurando que contarán con el apoyo de la CMIC.