En defensa de los organismos autónomos constitucionales
César Barrera Vázquez
Defender a los organismos autónomos constitucionales es proteger nuestros derechos y libertades, al tiempo que se replantea la función del ejecutivo para ceder su poder a organismos técnicos, cuyas decisiones están apegadas a la ciencia y que son consensadas (democratizadas porque trabajan en plenarias). De ahí que tengan mayores resultados (INAI, INE, INEGI, Banco de México) en sus ámbitos de competencia que el gobierno (inseguridad, falta de medicamentos, bajos niveles educativos).
Por consiguiente, si estoy a favor de tener más derechos y libertades, y de que el gobierno sea más eficiente en sus objetivos, luego entonces, por esa razón imperativa, hay que fortalecer el diseño constitucional de contrapesos institucionales; caso contrario: quiero tener menos libertades y que el poder se concentre y se tomen decisiones sin fundamento y con claros tintes políticos, entonces respaldo la visión de AMLO.
La disyuntiva es clara: ¿queremos fortalecer estos derechos y libertades que ha ganado la ciudadanía a lo largo de más de tres décadas de lucha y presiones en el legislativo o, por el contrario, sacrificar todo en aras de fortalecer a la clase política (de momento Morena, pero al rato quién sabe), con un esquema presidencialista y de partido hegemónico que ya se superó con el viejo PRI?
Lo racional es buscar fortalecer nuestros derechos y libertades, porque es mejor vivir en un país donde se respeta el acceso a la información y protección de datos (INAI) a otro donde la clase política en el poder se maneja con total opacidad, escondiendo contratos, licitaciones y sin que la clase política transparente sus declaraciones patrimoniales ni su nivel de ingreso.
Así, es preferible vivir en un país donde se puede ser votado y poder votar libremente, con certeza y seguridad de que mi voto cuenta, porque hay representantes de todos los partidos y de la ciudadanía (INE); al caso contrario, que sería un país donde el mismo gobierno, o sus autoridades afines, supeditadas a los intereses fácticos partidistas, organizan las elecciones y desplazan a la ciudadanía.
Por eso es mucho mejor vivir en un país democrático, donde hay libre competencia en el mercado (COFECE) y que los consumidores tengan diversas opciones para elegir, a otro donde se establezcan a la fuerza los monopolios y el gobierno te obligue a consumirle a una empresa única.
Luego, también es mucho mejor contar con información estadística de diversos fenómenos sociales (INEGI) que nos permita tener un diagnóstico, con metodologías rigurosas y exhaustivas, sobre la violencia, la falta de empleo, el acceso a servicios, entre otros temas sociales más y donde también pueda conocer la efectividad de las políticas públicas (CONEVAL) que quedarme en el país de los “otros datos” y la “mañanera”.
Consecuentemente, si nuestra prioridad es la libertad y los derechos, como condiciones insoslayables de nuestra democracia y dignidad como personas, queda demostrado el papel preponderante que juegan los organismos autónomos constitucionales, y cuyos resultados la misma población conoce a cabalidad.
El ejemplo más claro y hasta el presidente López Obrador lo reconoce es el Banco de México, cuyas buenas gestiones han permitido bajar la inflación y mantenerla estable. El Coneval, en ese sentido, ha permitido mejorar las políticas públicas del gobierno del López Obrador, señalando precisamente su errores y deficiencias, pues parten de mediciones y evaluaciones, sin las cuales no podrían mejorarse estos programas.
De igual forma, el INAI ha sido pieza clave para la publicación de trabajos periodísticos que han evidenciado la corrupción de los gobiernos anteriores y del actual: la Casa Blanca de Peña Nieto se logró realizar gracias a 20 solicitudes de información y la Estafa Maestra implicó más de 100 solicitudes de información. Además de que gracias a este instituto conocemos cuánto ganan los funcionarios, los contratos de licitaciones, sus declaraciones patrimoniales, entre otra información para detectar actos de corrupción.
Asimismo, el INE (antes IFE) le ha dado certeza y legitimidad a todas las elecciones desde 1997 a la fecha. Sólo el presidente desvirtúa este trabajo con su narrativa del fraude electoral en el 2006 y 2012, pero no dice nada cuando ganó en el 2000 y tampoco los triunfos que tuvo su partido (PRD) en esos años.
Dado que la efectividad y los resultados están de lado de los organismos autónomos constitucionales, lo ideal entonces es que existan más, por lo menos en los que corresponden a derechos humanos. Por lo tanto, si los resultados los acreditan los organismos autónomos, entonces lo que se debería acotar, o eliminar de plano, es la capacidad operativa del presidente en ámbitos como la salud, la educación y la seguridad, donde sus decisiones políticas sólo han traído muertes, fracasos y más violencia.
Dos Puntos
Esta columna, como muchas otras que he escrito a lo largo de una década ininterrumpida de ejercicio periodístico, dejan un testimonio patente de mis convicciones. Aquí una prueba más para la posteridad.