- Se están revisando tres conceptos: el adeudo histórico, los compromisos pendientes del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez y las obligaciones financieras de la administración actual
Martín Flores Castañeda, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), detalló que se mantiene el propósito de preservar la viabilidad del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL). El gobierno estatal y el organismo encargado de las pensiones y jubilaciones están revisando los diversos adeudos que la administración gubernamental estatal tiene con este instituto.
Flores explicó que recientemente se firmaron convenios con el gobierno estatal para reconocer los adeudos y establecer la forma de pago. “Se están analizando tres conceptos: primero, el adeudo histórico de 672 millones de pesos de varias administraciones estatales, convenido para pagar en 20 años después de la creación del IPECOL en 2019. Este monto está reconocido por el gobierno estatal, y antes del 31 de enero de 2024 se deberán establecer nuevos términos para el convenio de pago”, señaló el líder sindical.
El segundo concepto aborda los 610 millones de pesos adeudados solo por el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, donde 310 millones corresponden a cuotas y retenciones de los trabajadores que nunca fueron entregados al IPECOL, y el resto son aportaciones que correspondían al gobierno estatal. Flores destacó que los 310 millones están judicializados, con una denuncia penal en curso, y los 300 millones restantes requerirán un acuerdo para su pago.
“El tercer concepto es el adeudo de la actual administración encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que según las cuentas del STSGE, asciende a alrededor de 440 millones de pesos en aportaciones de los años 2022 y 2023”, explicó Flores.
El líder sindical concluyó señalando que los montos de los adeudos están siendo revisados por la Mesa Técnica, y se están estableciendo los convenios de pago necesarios para preservar la viabilidad del IPECOL y evitar poner en riesgo las pensiones y jubilaciones de los empleados estatales.