Roberto Rubio Torres, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en Colima, dio a conocer que en los próximos días se presentará una denuncia sobre irregularidades detectadas en montos ejercidos en el crédito que el Congreso del Estado aprobó a la anterior administración estatal por 740 millones de pesos, con los que se atenderían temas de seguridad (C5i), salud y la remodelación del Palacio de Gobierno, pues se analizan diversas irregularidades.

Durante los “Diálogos por la Transformación” que encabezó la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, este viernes en Manzanillo, el Consejero Jurídico expuso que se están haciendo cruces de información entre Planeación, Finanzas y Administración, y C5i, recabando elementos de prueba, “de los cuales se advierten irregularidades en montos ejercidos; que en próximos días daremos a conocer a detalle, porque se estará presentando la denuncia correspondiente”.

Dijo que se ha privilegiado recabar la mayor información posible y no presentar denuncias sólo por presentarlas, sino que tengan sustento sólido, se corrobore la situación que se señala y no vayan a quedar impunes las actuaciones que en su momento llevaron a cabo diversas personas; “vamos con paso firme para evitar cualquier revés jurídico y evitar que la impunidad vuelva a nuestro estado”, puntualizó.

Rubio Torres explicó el seguimiento a diversos temas que fueron denunciados y acciones por parte de la Consejería Jurídica, apoyada por personal técnico de la propia administración estatal, para detectar irregularidades y establecer las acciones que correspondan.

Recordó que el pasado 10 de diciembre se presentaron diversas demandas de nulidad de un convenio en el que se basificaba de manera irregular 227 trabajadoras y trabajadores de la anterior administración estatal y derivado de ello se presentó denuncia ante la Contraloría General del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se analiza caso por caso de cada una de las y los trabajadores, qué funciones realizaban y cuál era su actividad al interior del gobierno, antes de que surgiera esta irregularidad por parte de la anterior administración.

“Ya hay muchos trabajadores (80) que se han reincorporado a la administración en los cargos que venían desempeñando, ya sea por contrato o confianza, y algunos de ellos todavía están tramitando los procedimientos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), los cuales se ha gestionado su celeridad; de los que fueron dados de baja, la mayoría ha estado presentando sus demandas de reinstalación y será el propio TAE el que establecerá si la administración estatal actuó conforme a legalidad o si ellos tienen la razón; es un tema que compete sólo al tribunal”, señaló.

El funcionario detalló que se han hecho gestiones con el propio tribunal, para que agilice los procedimientos; en su momento, por una estrategia se esperó a que fueran vencidos los plazos, para que ellos pudieran presentar su demanda, a fin de conocer qué acciones están entablando “y que nosotros también pudiéramos solicitar la acumulación de esas demandas a las que nosotros presentamos, pues todo dependerá de que se determine la nulidad de dicho convenio, que es el que ellos argumentan que tienen un sustento para esa basificación, que consideramos irregular”.

Añadió que la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción sigue su avance, ya están en pláticas con el propio titular de la misma y en breve dará avances dentro de las posibilidades que la ley permita, para cuidar el debido proceso y señalar dichos avances; se ha estado recabando información.

El Consejero Jurídico expuso que en el tema de irregularidades del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), que en su momento se presentaron denuncias ante la misma Fiscalía Anticorrupción, se da seguimiento, se recaban elementos de prueba para incorporarlos a las carpetas de investigación y debido al sigilo en que debe tramitarse, se ha pedido a la Fiscalía que puedan darse a conocer los avances que se tengan, igualmente cuidando el debido proceso y se vea si realmente se está haciendo alguna actividad al respecto, para tener certeza jurídica y las personas que se encuentren involucradas, conozcan su situación actual.

Expuso que como Consejería Jurídica lleva la representación de la titular del Poder Ejecutivo, por ello se ha enterado de varias demandas tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa, como en el TAE, por acciones u omisiones de la anterior administración, independientemente de la excepciones legales que se han realizado, se analiza el contenido de la demanda, documentos e información que se tiene en las áreas, para corroborar si existió alguna negligencia o irregularidad, que haya provocado falta de pago o incumplimientos, y determinar si hay cabida a alguna denuncia, ante Contraloría del Estado o la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, a pregunta de periodistas, Rubio Torres aseguró que no se descarta ninguna denuncia contra el exgobernador ni contra cualquier otro servidor o servidora pública de la anterior administración; “se revisan a detalle los procedimientos y trámites administrativos, y en la medida que se detecte alguna irregularidad, y se establezca que intervino determinada persona, hay una instrucción muy puntual de que se lleven a cabo las acciones que correspondan, respecto a esos temas. Entonces, no está descartada ninguna persona”, indicó.