*El objetivo de escuchar directamente a las personas con discapacidad y construir propuestas jurídicas que fortalezcan su inclusión política.
*Lo que se busca establecer, son criterios jurídicos claros que segmenten las acciones afirmativas, evitando que distintos grupos vulnerables compitan entre sí por las mismas candidaturas
David Monroy Rodríguez, Director del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), señalo que si institución buscara que se impulsa un proceso de consulta con personas con discapacidad para proponer cambios legales que garanticen su participación efectiva en cargos de representación popular.
El funcionario Estatal refirió que este trabajo se realiza en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) y el Instituto Colimense para la Discapacidad, con el objetivo de escuchar directamente a las personas con discapacidad y construir propuestas jurídicas que fortalezcan su inclusión política.
“Anteriormente el Código Electoral sólo establecía que los partidos políticos procuraran incluir a personas con discapacidad en sus candidaturas, lo que en la práctica no representaba una obligación real, las medidas existentes se limitaban a acciones asistenciales, como permitir el acceso prioritario en las filas de votación, sin garantizar una participación política efectiva”, expreso.
David Monroy señalo que posteriormente se incorporó una acción afirmativa para que 10% de las candidaturas fueran destinadas a personas con discapacidad; sin embargo, indicó que esta medida se diluyó al integrarse dentro de una bolsa común para tres grupos vulnerables, lo que derivó en que 87% de esas candidaturas fueran asignadas a un solo grupo, mientras que apenas 13% se distribuyó entre los otros dos.
“Lo que se busca establecer, son criterios jurídicos claros que segmenten las acciones afirmativas, evitando que distintos grupos vulnerables compitan entre sí por las mismas candidaturas y garantizando una representación equitativa”, menciono.
El titular del Instituto planteó la necesidad de fijar reglas claras y sanciones para evitar la simulación, de modo que quienes intenten eludir las cuotas puedan enfrentar medidas como la cancelación de candidaturas o sanciones a los partidos políticos.
Finalizo recordando que en este proceso también se ha invitado a diputadas y diputados del Congreso del Estado para que conozcan directamente el planteamiento de las personas con discapacidad y puedan incorporarlo en futuras reformas electorales.