Armando González Manzo, encargado de despacho de la Subsecretaría de Movilidad, informó que continúan los operativos de revisión de unidades del transporte público. Hasta el momento se han revisado 91 unidades, de las cuales 25 fueron retiradas de circulación por encontrarse en malas condiciones para prestar el servicio.

El titular de la Subsecretaría detalló que los concesionarios ya estaban advertidos desde octubre de 2024, cuando se firmó el acuerdo para el incremento de tarifa. Como parte de esos acuerdos, los choferes deben portar uniforme o camisa que los identifique con su empresa, además de que las unidades deben estar en buen estado. Señaló que estas acciones forman parte del esfuerzo para hacer que los transportistas cumplan lo pactado.

“Les pedimos nuevamente que las arreglen, las pinten, que revisen el piso, las ventanas, que los cristales estén en buenas condiciones. Esa es la condición y nosotros lo que hicimos fue empezar a detenerlas. Tal vez nos vimos un poco rudos, pero ya estaban avisados y no era una novedad que íbamos a aplicar el operativo de esta manera. Entonces aprovechamos para revisar la documentación de los choferes, gafete y licencia, y obviamente tenían que ir presentables,” expresó.

González Manzo reiteró que los choferes deben portar uniforme o camisa identificativa como parte de los compromisos asumidos. Informó que el operativo actualmente se realiza en Colima y Villa de Álvarez, pero que próximamente se trasladarán a Manzanillo, donde aún falta revisar el cumplimiento de estas disposiciones.

“A los concesionarios al principio no les gustó, pero después se les explicó. Cuando los acuerdos no se cumplen, tenemos todas las facultades para hacerlos cumplir y así fue. Obviamente lo entendieron, no hay por qué molestarse. Saben perfectamente en qué condiciones están sus unidades y nosotros debemos exigir que las condiciones sean dignas para usuarios y usuarias,” explicó.

Finalmente, recordó que el tema de las unidades nuevas también fue parte de los acuerdos. Si bien ha habido una revalorización de señaléticas y calles, este proyecto implica un costo estimado de 3 mil millones de pesos, que sería asumido por el Gobierno Federal. Reconoció que no es un proyecto fácil de ejecutar, pero la gobernadora ha manifestado su interés en impulsarlo antes de que concluya su sexenio.