
- El sindicato de gobierno del estado, ayuntamientos y organismos descentralizados ya entregó su pliego petitorio a la parte patronal
- Se mantienen negociaciones con los presidentes municipales y se busca garantizar los pagos de adeudos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL)
Irvin Isais Lepe, secretario general de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima (USTSGAOD), señaló que uno de los principales desafíos para el 2025 será obtener un incremento salarial que supere la inflación, beneficiando a la clase trabajadora.
El líder sindical explicó que el sindicato del gobierno estatal, así como de los ayuntamientos y organismos descentralizados, ya presentó su pliego petitorio a la parte patronal. Añadió que una vez que el gobierno estatal determine los aumentos, estos se homologarán en los demás entes públicos.
Además, mencionó que otro reto significativo será insistir en que las instituciones gubernamentales cumplan con los pagos pendientes al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL). Este esfuerzo es clave para garantizar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores sindicalizados.
Isais Lepe destacó que desde el inicio de las nuevas administraciones municipales se ha mantenido un diálogo constante con las autoridades, fortaleciendo los vínculos institucionales y asegurando el respeto a los derechos laborales.
“Nos ha ido bien; hemos tenido acercamiento con casi todos los presidentes municipales, quienes nos han recibido de manera favorable. Los líderes sindicales están trabajando y negociando los adeudos pendientes, y la respuesta ha sido positiva para los sindicatos”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno del Estado para atender la solicitud de incrementar la plantilla laboral en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Señaló que la falta de personal ha generado un rezago significativo en los expedientes, lo que provoca incertidumbre tanto para los trabajadores como para los entes gubernamentales, ya que algunos casos tardan entre dos y cuatro años en resolverse.