
DESABASTO DE MEDICINAS
Ante el desabasto de medicinas y servicios médicos oportunos, las personas con algún padecimiento han tenido que recurrir al Juicio de Amparo para que las instituciones de salud cumplan con su obligación.
Cada vez son más los pacientes que obtienen amparos contra el IMSS, ISSSTE y hospitales del Sistema Público de Salud, para que realicen las cirugías o tratamientos que les han sido prescritos.
El sistema público de salud, se enfrenta a la escasez de medicamentos y desabasto de insumos.
Tratamientos que deben realizarse lo antes posible, se programan para meses después sin la certeza de cumplimiento de las fechas prometidas para aplicarse y con el peligro de que la enfermedad evolucione; Por estas razones los pacientes han decidido recurrir a instancias Judiciales.
El Colectivo Cero Desabasto ha documentado la falta de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer, medicamentos y materiales básicos.
En 2017 el IMSS dejó sin surtir 1.7 millones de recetas, mientras que en 2022 la falta de medicinas superó las 22.8 millones de recetas, de acuerdo con el informe del Colectivo Cero Desabasto.
Normalmente las personas que buscan asegurar su derecho a la salud agotan todas las opciones institucionales disponibles para recibir los medicamentos, suministros o vacunas que les corresponden.
Pero cuando se les niega o violenta su derecho, estas pueden acudir a obtener asesoría legal sin importar a qué institución de salud pertenezcan, para que mediante una Resolución Judicial obtengan acceso efectivo y gratuito al tratamiento y atención médica, a través del subsistema al que están afiliados.
Algunas opciones gratuitas que tienen los derechohabientes del sector salud, es a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) o el Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Colima, quienes han emprendido una campaña para trabajar de manera coordinada a favor de la defensa de los derechos humanos de quienes pertenecen al sistema salud.
Por último, El desabasto de medicamentos es una realidad y reconocerlo es el primer paso para solucionarlo. Ante ello es importante que la ciudadanía cuente con la información y herramientas necesarias para hacer frente a esta violación sistemática del derecho a la salud.