Sergio Inclan 
César Barrera Vázquez
El hecho de que el régimen oficialista tenga la mayoría en un poder, cuya esencia debería ser la pluralidad y el diálogo democrático, no les da la razón al imponer una reforma judicial que afecta la imparcialidad, la certidumbre jurídica y la libertad judicial de quienes dirimen las controversias en nuestro país, muchas veces en contra de los intereses de la autoridad para beneficiar al ciudadano.
Así, 2 más 2 es igual a 4, aunque una mayoría sostenga, empecinadamente, que es 8 el resultado de esa operación. De ahí que la razón respalda a quienes se oponen a partidizar y politizar a un poder como el judicial, cuyos integrantes deben seguir siendo elegidos con criterios objetivos, ponderando siempre los mejores perfiles y ajenos a cualquier sesgo partidista.
Porque contrario a la profesionalización es inocular con el mismo mal que padece el poder ejecutivo al judicial: insertar una casta política que ve únicamente por sus interés y que resulta odiosa para la mayoría de las y los ciudadanos libres, pues no siguen a la razón sino a los intereses de su casta política.
Por lo tanto, a través del voto directo no se eligen a los mejores perfiles, sino a quienes con base de estratagemas de mercadotecnia política y propaganda se posicionan –como un producto chatarra– en el gusto, siempre veleidoso, de las masas electorales.
Prueba de ello son los malos servidores públicos y políticos oportunistas que actualmente detentan el poder, antes de otros partidos y ahora del que está de moda en el electorado.
Si bien Morena tiene una mayoría calificada para realizar profundas reformas que sean producto del consenso y diálogo (sobre todo, con aquellos actores que conocen de las necesidades del poder judicial.), opta por ignorarlos e imponer una reforma que, a todas luces, será inoperante y contraproducente, generando una mayor polarización social y destruyendo la formación de carrera de un poder, cuyo adecuado funcionario requiere de una alta especialización de su personal.
Dos puntos
La desaparición de los organismos autónomos constitucionales será una prueba irrefutable de que el partido oficialistas, junto con sus aliados, no están a favor de fortalecer las libertades y derechos como el acceso a la información, la libre competencia comercial y contar con mayores contrapesos constitucionales al poder. Al contrario, desaparecer estos organismos afectará estas libertades y derechos y nos llevará a la centralización y al totalitarismo.
