Sergio Inclan 
¿Qué mal podría traer que los jueces sean políticos?
César Barrera Vázquez
Si algo nos ha enseñado la experiencia, en nuestra incipiente democracia, es que sus grandes males han venido de la clase partidista, cuyos intereses están supeditados no a lo que le conviene al ciudadano, sino aquellos interesas amasados y que conforman esa minoría privilegiada de la casta política en nuestro país.
Por eso, ahora que se habla de reformar el poder judicial, ¿nos conviene que las y los juzgadores pertenezcan o comulguen con esa misma clase partidista para avanzar en el escalafón judicial? Un juez, un magistrado, si no es a su talento, ¿a quién le deberá entonces la oportunidad de progresar en la carrera judicial?
El único bastión que tiene el ciudadano para defenderse de los actos arbitrarios de la autoridad (entiéndase del poderoso sistema) es apelar a los órganos jurisdiccionales a través del amparo. Así, ¿qué expectativas o esperanzas puede tener de que se le defienda contra los intereses del gobierno, cuando el juzgador que dirime la controversia está ungido por esa misma clase empoderada?
Al igual que queremos que nos atienda el mejor doctor, experto y hábil en su técnica, o que el vuelo en el que viajamos piloteé el más experto y capaz, así también en la justicia es necesario que juzguen los que sean peritos en la ley y cuyo conocimiento jurisprudencial esté avalado.
Si es el favoritismo y la popularidad veleidosa lo que defina a los juzgadores, se afecta principios fundamentales para la impartición de justicia. Luego entonces, si no hay una efectiva impartición de justicia se corre el riesgo de que se opten otros caminos, a lo mejor más violentos, para dirimir las controversias, como sucede en otros países, cuyos tribunales están cooptados por esos intereses y son frecuentes los golpes de estado y las manifestaciones violentas.
Dos Puntos
El conflicto del presidente con el poder judicial comenzó en el momento en que ciudadanos se ampararon contra leyes inconstitucionales y acciones de gobierno que afectaban sus derechos, tales como el derecho a un medio ambiente sano (con el tren Maya y Tres Bocas) y la implementación de energías limpias (con su malhadada reforma eléctrica). Y los amparos sólo fueron, en el caso del tren Maya, para que se construyera sin afectar la selva, y en el caso de la reforma eléctrica para permitir a particulares la generación de energías limpias, lo que beneficia a los consumidores. Por eso es importante que los juzgadores defiendan los derechos humanos, incluso por encima de las ideologías y los intereses del mismo gobierno.
