El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima (STHAC) Héctor Arturo León Alam, aseveró que es urgente que las denuncias penales en contra de exfuncionarios del ayuntamiento de Colima por desvío de recursos sean resueltas y que estas sean resarcitorias a fin de que la actual administración no se vea obligada a vender patrimonio municipal.

Además, hizo un llamado al diputado Alfredo Álvarez, quien promueve la no venta de un terreno propiedad del ayuntamiento capitalino, a que de manera paralela también exhorte al Congreso del Estado para que sancione a quien dañó las finanzas públicas del gobierno municipal y tenga una acción resarcitoria del daño patrimonial.

Indicó que es respetuoso de la acción emprendida por el legislador de no querer que se venda el terreno, con el que el actual gobierno municipal intenta pagar parte de lo que se adeuda al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del estado de Colima (IPECOL).

“Hay un diputado muy apurado por que no se remate un lote, en ese sentido, yo no puedo hacer una crítica, también es sano que lo haga, pero debería en el mismo contexto estar trabajando también en que el Congreso sancione y que el propio Congreso exhorte a la Fiscalía para que se resuelvan estos problemas lo más rápidamente posible y que la solución tenga una acción resarcitoria, que se repare el daño que le hicieron a la hacienda pública y sobre todo a los trabajadores”, subrayó.

Recordó que tanto la actual administración municipal, como ellos como sindicato interpusieron sendas denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno municipal pasado, denuncias que ya están tanto en la Fiscalía General como en la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, que van contra tres funcionarios de la pasada administración y tres funcionarios de la antepasada, incluyendo a los dos funcionarios que encabezaban el gobierno -no pudiendo ya dar nombres porque afectaría el debido proceso- las cuales ya fueron acumuladas en un mismo expediente.

Mencionó que también está vigente la solicitud presentada por el sindicato de juicio político en contra de estos ex funcionarios ante el Congreso del Estado, esperando que también se dé celeridad a la conclusión de estos expedientes.

“Es hora de que en Colima se den los resultados sobre estos particulares y que las autoridades respondan no solo al sindicato y a los trabajadores sino al pueblo de Colima, con un trabajo real, apegado a derecho y que en su momento se resuelva”, comentó.

Ante esta situación, León Alam hizo un llamado a la Fiscalía General como a la Fiscalía Anticorrupción para que trabajen en estos expedientes, exponiendo que unos tienen desde inicio de 2022, pero hay otros que ya tienen dos años y aún no hay ninguna resolución al respecto.

Es importante, subrayó, que esta situación se resuelva, que paguen culpas quienes dañaron y desviaron recursos y reiteró “que sea resarcitoria y que los funcionarios con su patrimonio paguen, siendo ya tiempo de que las culpas las paguen con su patrimonio al afectar el patrimonio del municipio, que es de todos los colimenses”.

Reconoció que pudieran resolver – el sindicato- a través de un amparo, pero buscan, primero, que se resuelva a través del diálogo y trabajo con las Fiscalías, en donde se ha tenido apertura y buen entendimiento con el titular de la Fiscalía General Bryant García, por lo que prevén esto avance más rápido y se resuelva pronto.

“Hay una gran molestia por parte de los trabajadores, porque este tipo de situaciones ponen en riesgo la funcionalidad del IPECOL y ponen también en riesgo el pago de las pensiones y jubilaciones”, aseveró.

Respecto al inicio de un proceso penal en contra de un ex funcionario estatal y un ex director de IPECOL de un presunto desvío de recursos de esta institución hacia el gobierno del estado por alrededor de 70 millones de pesos, Arturo León manifestó que es bueno que se lleve a cabo este procedimiento legal, pues el dinero que ingresa al IPECOL es únicamente para pago de pensiones, jubilaciones y su excedente para préstamos hipotecarios y personales.

Pero, aseguró, este procedimiento también tiene que hacerse para los presidentes municipales que desvían los recursos o se gastan los recursos en otras cosas y no lo ingresan al IPECOL.

“Este tema se tiene que resolver, porque está en juego el prestigio de la Fiscalía, del propio Congreso del Estado, y de quienes tienen la responsabilidad de darle cuentas al pueblo de Colima”, mencionó.

La Fiscalía y el Congreso, dijo, tienen la obligación de dar cuentas de que se haya aplicado la ley y que los culpables sean sancionados y que se les dé una explicación concreta al pueblo de Colima a dónde fueron a parar tantos millones, que en el ayuntamiento de Colima tan solo, en dos administraciones son de 156 millones de pesos.