Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima aprobó expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, al considerar viable la propuesta realizada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues permitirá contar con una legislación actualizada y moderna en materia de responsabilidad patrimonial causada por la actividad irregular del Estado o los municipios.
Con relación a lo dictaminado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, esta Ley “implicará beneficios tanto para los particulares como para la autoridad misma, pues delimita de mejor manera el propio concepto de responsabilidad patrimonial, perfecciona los procedimientos, haciéndolos más claros, así como fija los elementos para una correcta cuantificación de la indemnización en caso de ser procedente, cuidando la Hacienda Pública y dando certeza a todos los involucrados sobre sus actuaciones y tramites”.
Presentado en tribuna por la diputada presidenta de esta comisión, Yommira Jockimber Carrillo Barreto, así como por el diputado Armando Reyna Magaña, se explicó que la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, presentada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, cumplía con los beneficios ya mencionados, ya que tiene como objetivo “fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.
Considerando que “la responsabilidad extracontractual a cargo del Estado será objetiva y directa. La indemnización que en derecho corresponda deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y las demás disposiciones jurídicas a que la misma hace referencia”.
Por tanto, se abroga la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima contenida en el Decreto número 223 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 22 de junio del año 2002, junto con todas sus adiciones y reformas; se derogan en lo conducente todas las disposiciones jurídicas en lo que se opongan al contenido del presente Decreto.
Es preciso señalar que los juicios o procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme al ordenamiento jurídico vigente aplicable al momento de su inicio, además de que el Tribunal y las autoridades administrativas llevarán a cabo campañas de divulgación de la Ley contenida en el Decreto aprobado.