El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) Martín Flores Castañeda señaló que, entre el adeudo histórico, más el correspondiente a la anterior administración y a la que se suma el retraso de pago del actual gobierno, se debe 1 mil 300 millones de pesos al Instituto de Pensiones.

El dirigente explicó que, de manera histórica, el cual está de manifiesto en la Ley de Pensiones del estado de Colima, el gobierno del estado reconoció un adeudo de 670 millones de pesos, a este se le suman los 430 millones de pesos que dejó la administración estatal anterior y actualmente el gobierno de Indira Vizcaíno se ha retrasado con 120 millones de pesos de retenciones y aportaciones que le corresponde hacer.

Comentó que son 1 mil 300 millones de pesos en adeudos, que hoy tienen en vilo el sistema pensionario, y “donde es importante decir que existe el compromiso de la gobernadora para que dentro del rescate financiero entre el tema de IPECOL, pues es una deuda para con los trabajadores, toda vez que dos terceras partes de esos mil 300 millones son recursos de los trabajadores, porque antes solo aportábamos los trabajadores, el 1 por ciento el gobierno y el 5 por ciento los trabajadores”.

Pero también -explicó- todo el monto de préstamos que se ejerció en los últimos 20 años, muchos de esos recursos no se enteraron, por eso se acumularon 670 millones de pesos en tres administraciones estatales, desde el gobierno de Fernando Moreno Peña, Gustavo Vázquez Montes, Silverio Cavazos, Mario Anguiano e incluso los dos primeros años de Ignacio Peralta.

“Esos 670 millones son producto de una auditoria extraordinaria a fondo al histórico de pensiones que determinó ese faltante y está documentado”, reiteró.

Hoy falta hacerlo realidad para que las y los trabajadores puedan gozar de una pensión digna, pero también de un sistema de financiamiento muy importante que son los préstamos personales e hipotecarios.

MANTIENEN TAMBIÉN LAS NEGOCIACIONES PARA EL INCREMENTO SALARIAL, EN DONDE SIN AFECTAR LAS FINANZAS PÚBLICAS, EL SINDICATO DEMOSTRARÁ QUE SE PUEDE TENER UN INCREMENTO DEL 7.5 POR CIENTO

Martín Flores también abundó que se continúan con las mesas de negociaciones con la parte patronal para el incremento salarial, en donde consideró que tras un análisis a profundidad de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en donde hay elementos suficientes para acceder a un incremento promedio del 7.3 por ciento.
estamos pugnando porque el gobierno estatal haga un esfuerzo para racionar el gasto en áreas que no es prioritario y dar prioridad, como dice la propia ley de los trabajadores y la Constitución misma que el salario es sagrado y que por lo tanto se debe recuperar la pérdida del poder adquisitivo.

Indicó que, si se mantiene la posición del gobierno del estado de continuar con la propuesta del 3 por ciento de incremento salarial, “nosotros estamos elementos suficientes para ir a tribunales, pero además de los tribunales, de ir con elementos financieros para decirles que, si se puede”, subrayó.

“En su momento anunciaremos públicamente cuál es nuestra propuesta para el incremento salarial”, abundó.

Para la parte patronal, abundó Martín Flores, es mucho más cómodo no meterse al tema de la racionalización y ajustes financieros y dejar sacrificados a los trabajadores, “pero la posición más comprometida con el ser humano, es que mis trabajadores, como lo hizo el gobernador de Jalisco con sus trabajadores, como lo hizo el presidente con los maestros, es hacer un esfuerzo financiero, sin poner en riesgo, las finanzas del estado”.

Esto lo estaremos, reiteró, presentando en breve “no tenemos prisa, pero tampoco tenemos pausa”.

Señaló que no es necesario reducir ni sueldos, ni salarios de funcionarios de gobierno, “la ley de ingresos y el presupuesto de egresos son muy claros, hay una partida de previsión salarial y es de 78 millones; les adelanto que el monto que invertiría el gobierno estatal para cada punto porcentual de incremento salarial es de 4.5 millones de pesos al año, por lo tanto hablamos de 32 millones de pesos, que le costaría el Poder Ejecutivo con todo y organismos el satisfacer las necesidades de recuperar la pérdida del poder adquisitivo, es decir, hay recursos presupuestados para cumplir ese objetivo”.

Adelantando, Martín Flores, que de no aceptarse la propuesta sindical hará pública la propuesta y con la información obtenida en el análisis.

Refirió que en ningún momento se aceptaría aumento gradual y que obtengan un porcentaje menor quienes ganen más, pues “la pérdida del poder adquisitivo es parejo para todos”.

Finalmente, expuso que más que molestia por la situación, existe frustración por parte de los trabajadores “porque nunca habíamos sido tratados de esta manera, es decir, que de entrada se diga que no hay recursos para hacer un esfuerzo de recuperar la pérdida del poder adquisitivo y que por habernos dado incrementos por arriba de la inflación en años anteriores hoy podemos soportar que el quebranto financiero se pague con el sacrificio de los trabajadores”.